Renuncia e indulto de Richard Nixon, 1974

Nixon dimite: Los reporteros Carl Bernstein y Bob Woodward descubrieron una red de conspiración que rodeaban el incidente de Watergate, basándose en información filtrada de una fuente conocida como "Garganta Profunda". El 9 de agosto de 1974, tras una serie de audiencias en el Senado se habían reunido pruebas que implicaban a Nixon que se convirtió en el primer presidente de EE.UU. en renunciar a su cargo. (Fotografía: Bettmann/Corbis)

WASHINGTON 9. (Crónica recibida por télex.) Las aguas del escándalo más grande que se ha conocido en este país comenzaban a aquietarse con la renuncia de Nixon y parecía que la normalidad ya estaba reinando en el panorama nacional, aunque en el mismo se mantuviese, vigente, y cada día más amenazador, el grave proceso de inflación y el de la crisis económica en general. Pero no, Watergate ha vuelto a ponerse sobre el tapete y surge de nuevo el temporal político destructor después de que el presidente Ford concediera ayer a Nixon un «completo y absoluto indulto» de todos los delitos federales que «cometió o pudo haber cometido» durante el tiempo que desempeñó el cargo de presidente de los Estados Unidos. Inmediatamente después del trascendental e inesperado anuncio de Ford, el ex presidente Nixon hizo unas declaraciones desde su casa de California aceptando el perdón y admitiendo que había cometido algunos errores, pero sin reconocer que hubiese cometido ningún delito.

Nixon no ha sido acusado formalmente de ningún delito federal, pero el consejero del presidente Ford, Philip W. Buchen, dijo a los periodistas que buscábamos las últimas noticias en la Casa Blanca, que lo más probable era que el ex primer mandatario de la nación hubiese sido acusado y procesado sin el «perdón por anticipado» otorgado por Ford en la mañana de ayer domingo. Un gran Jurado Federal había acusado ya a Mr. Nixon hace algunos meses, cuando aún era presidente, de conspirador no procesado en cuanto al encubrimiento del escándalo de Watergate, y en aquellos momentos existían menos pruebas que hoy de su implicación en el caso.

Portada del The New York Times: Nixon dimite, 9 de agosto de 1974

El objeto de la determinación de Gerald Ford no ha sido otro que el de ofrecer a Nixon una total inmunidad en cuanto a un procesamiento de tipo federal «por todos los delitos cometidos en contra de la nación» durante los casi seis años que ocupó el cargo de presidente. Ford, en su declaración formal de perdón, expresó que había dado ese paso porque se ponía en peligro la tranquilidad nacional que ya se había logrado, de acuerdo con los acontecimientos de las últimas semanas, «si se llevaba a juicio al ex presidente de los Estados Unidos». Un proceso éste que duraría un año o más y que causaría un largo y dividido debate en todo el país. Y, ante las cámaras de la televisión, en una sentida declaración final, con un pequeño grupo de reporteros que le escuchaban en su oficina de la Casa Blanca, el primer magistrado de la nación dijo: «Creo que Richard Nixon y su familia han sufrido bastante, y seguirán sufriendo a pesar de lo que yo haga.»

La reacción que se produjo ayer desde que se supo la indulgente noticia procedente de la Casa Blanca fue de crítica acerva hacia Ford por una parte y de grandes elogios por otra. Aparecía de nuevo, repetimos, la tormenta política. Las pasiones, el odio, la revancha partidista se hacían sentir una vez más en las páginas de los periódicos, en las pantallas de la televisión, en los micrófonos de la radio, etc. Los demócratas desenfundaban sus «armas» para reiniciar una guerra que creían haber ganado con la renuncia de Nixon y su próximo enjuiciamiento y condena, y los republicanos hacían lo mismo por su parte, aunque con otras miras y por otras razones: Ford habla hecho bien no sólo por una cuestión de humanidad, sino por razones de seguridad política para el partido. El caso de Nixon había que «echarle tierra» hasta que quedase todo bien tapado, aunque el ex presidente no hubiese cometido ningún delito. La causa de la victoria electoral de 1976 va por encima de todas las cosas…

Sin duda, el domingo 8 de septiembre estallaba de nuevo la guerra de Watergate, y nadie sabe a estas horas si será esta vez tan corta como la guerra de los siete días de los judíos o tan larga como la misma de Watergate que se había iniciado hace algo más de dos años con el allanamiento de las oficinas del partido demócrata y que parecía haber terminado hace un mes con la renuncia de Nixon. La primera baja que se ha producido bajo el fuego del ataque, por un lado, es de la defensa, por otro, al presidente Ford por su repentina y polémica decisión ha sido la del secretario de Prensa de la Casa Blanca, J. F. Terhorst, quien renunció ayer como protesta porque no «podía defender la actitud del presidente Ford en torno al perdón otorgado a Nixon». Terhorst declaró después de haber renunciado a su cargo que «cuando el presidente tomó su decisión de buena fe me sentí obligado, de buena fe también, hacerle saber que como vocero de la Casa Blanca no podía defender de manera sincera su posición», y agregó entre otras cosas que creía que la misericordia, al igual que la Justicia, «debe ser imparcial».

Claro que además de la misericordia o compasión que siente Ford por Nixon —como la sienten también millones de personas de éste y otros países del mundo— existen, creemos nosotros, otros motivos poderosos que quizás fueron los que aceleraron el estudiado plan del perdón presidencial. Uno de ellos, el más probable, es que el antecedente de este indulto sirva de base a los abogados de los que fían de ser enjuiciados ahora por el famoso escándalo para que se les exonere de todas las culpas.

Se ha producido, en el día de ayer y en el de hoy, muchas declaraciones y reacciones favorables y contrarias al presidente Ford por su actitud compasiva ante la situación de Nixon que de acuerdo con el criterio de muchos tiene que ser tratada dentro de un marco exclusivamente legal. Posiblemente la reacción más importante de todas ha sido la del fiscal especial de Watergate, León Jaworski, quien dijo a la Prensa que no se le había consultado sobre «el manto de perdón» concedido al ex presidente Nixon. «Esto es un asunto que ha decidido el presidente de acuerdo con la autoridad que le confiere la Constitución», dijo Jaworski. «Ha sido una cosa en la que yo no he tenido participación». No obstante, Jaworski duda que esta decisión de Ford llegue a producir algún impacto sobre el juicio relacionado con el encubrimiento de Watergate y que espera iniciarlo el mismo día 30 de septiembre como se había planeado.

El escándalo de Watergate, repetimos, ha comenzado de nuevo. Ofreceremos mañana una información más completa de todas las operaciones realizadas en el nuevo campo de batalla por los amigos y por los enemigos del ex presidente en desgracia. Nuestra opinión, nuestro análisis lo haremos al mismo tiempo, pues ahora, como antes, parece que ha de haber mucha tela por donde cortar para el comentario. —

José I. Rivero: El perdón otorgado a Nixon por Ford levanta una tempestad en el país, ABC, 10 de septiembre de 1974, pp. 21-22.

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Estados Unidos, una larga lucha por delante

Norman Birnbaum

El compromiso alcanzado entre demócratas y republicanos en el reciente debate presupuestario se consiguió al precio de reducir todo tipo de programas que hacen de Estados Unidos una nación más civilizada. El drama se va a intensificar. ¿En qué tipo de país se convertirá Estados Unidos: uno en el que haya un mínimo decente de igualdad económica, o uno en el que los ciudadanos tengan que sobrevivir sin instituciones de solidaridad? Los dos partidos tendrán pronto que ponerse de acuerdo en un presupuesto para 2012 y en elevar el límite de la deuda gubernamental. Varios legisladores republicanos están dispuestos a permitir que la nación vaya a la quiebra si no se satisfacen sus demandas. Forman un frente con propuestas para eliminar el Estado de bienestar norteamericano, reducir el peso del Gobierno y garantizar al capital estadounidense un amplio margen de libertad respecto de regulaciones e impuestos.

Tal vez estén forzando al presidente a redescubrir su anterior identidad bienestarista. Tal vez este haya pensado que los déficits sociales del país (en educación, atención sanitaria, infraestructuras, ciencia y tecnología, y protección medioambiental) requieren más atención que su deuda monetaria. De ser así, se ha abstenido de decirlo en voz alta. Ha preferido evocar el potencial dinamismo de la economía de mercado norteamericana, a pesar de la evidencia de que haya perdido su capacidad de proporcionar empleo y prosperidad. Se ha quedado mudo, de forma bien audible, acerca de las tradiciones de su partido sobre planificación, cooperación entre el sector público y el privado, y ciudadanía económica y social. La mayoría de sus funcionarios, tecnócratas carentes de pasión, se sienten incómodos ante las grandes ideas de renovación social.

No obstante, tanto las ideas de renovación como las de reacción animan el debate nacional, si bien de modos convencionalmente retóricos e implícitos. Los republicanos están divididos entre quienes creen que el Estado es incapaz de administrar el mercado y quienes temen que sea más que competente para hacerlo. La sistemática negación de las funciones positivas de un sector público amplio en la economía (y en la regulación) es el resultado de una muy persistente campaña ideológica. La transformación, desde el keynesianismo al neoclasicismo, de la economía académica sin duda que no es un ejemplo del progreso de la investigación desinteresada. Las universidades siguen siendo el lugar de la indagación crítica, aunque engendran demandas de inmovilismo político. La doctrina de la soberanía de los mercados es considerada por muchos ciudadanos como un necesario axioma de fe nacional. La ignorancia ayuda: en los Estados que votan regularmente a los republicanos un flujo neto de fondos federales sostiene su economía, pero pocos son conscientes de ello.

El odio racial y xenófobo del que es objeto el presidente (expresado en la creencia de que no nació en Hawai o de que es extranjero) se extiende a la política económica. Muchos ciudadanos creen que pagan impuestos para subsidiar a los inmigrantes o a grupos étnicos y raciales que les disgustan. Franklin D. Roosevelt ganó la aprobación de los legisladores sureños a la Seguridad Social (las pensiones de jubilación que ahora están al alcance de todos los ciudadanos) excluyendo de ella a los trabajadores agrícolas y domésticos. Por entonces, la mayoría de los afroamericanos sureños ocupaban esos empleos. El prejuicio contra los inmigrantes asiáticos y latinos en extensas áreas de Estados Unidos sigue esa innoble línea de sucesión. La resistencia a proyectos de seguros sociales es, igualmente, el producto de un encallecido espíritu individualista. Refleja un creciente sentido de vulnerabilidad en un periodo de incertidumbre económica. La ira, incluso el fanatismo, del Tea Party es una evidencia de lo profundo de esa perturbación.

Sin embargo, los sondeos de opinión demuestran que la gente está más preocupada por el empleo (y por los servicios públicos como la educación y la asistencia sanitaria) que por el déficit. Las mayorías siguen teniéndole apego a Medicare (seguro de atención sanitaria para los jubilados) y a la Seguridad Social. Ello es especialmente cierto para aquellos grupos (jóvenes, mujeres, latinos y afroamericanos, los de mayor nivel de educación y trabajadores sindicados) cuya abstención en las elecciones de 2010 permitió a los republicanos obtener tan buenos resultados. A pesar de que aún no hay un candidato republicano sólido, la contienda presidencial de 2012 ya ha comenzado. El presidente cree que puede ganar con solo hacer incursiones entre los “independientes”, que, supuestamente, son ideológicamente neutros. La cuestión es si eso puede lograrse apartándose de las ideas sobre la economía y la sociedad que les impulsarían a votar a un convincente candidato republicano. El éxito del presidente en 2008 al movilizar al electorado no fue seguido por la concesión de una mayor voz en la configuración de su política a sus partidarios más comprometidos. En vez de a ellos escuchó a sus donantes del mundo de las finanzas y de la industria.

Quizá las protestas que han tenido lugar en Wisconsin ante los intentos de destruir los sindicatos de funcionarios, elementos indispensables en la política del Partido Demócrata, sean el comienzo de una movilización nacional de los defensores del progresismo norteamericano. Ello podría inducir al presidente a establecer menos compromisos con los defensores de un poder sin freno para el mercado.

Los herederos del New Deal, de la Nueva Frontera y de la Gran Sociedad, están de acuerdo sobre un programa a la defensiva (para preservar la Seguridad y Medicare), pero aún no sobre un nuevo proyecto social. Es llamativa la similitud con la situación de los partidos socialistas y socialdemócratas europeos. Algunos (léase Krugman, Reich, Stiglitz) han elaborado proyectos de renovación que no han llegado todavía al público en general. En Estados Unidos la oposición intelectual no está en la cárcel pero tampoco está en la televisión nacional muy a menudo. El presidente claramente ha decidido que no puede confiar en una coalición reformista todavía sin vigor o no formada del todo. Si prefiere desempeñar el papel de un monarca constitucional, tendrá que conformarse con un consuelo de monarca: puede que tenga influencia pero no poder.

Cualquiera que sea el resultado de la pugna presidencial, los muy agudos conflictos actuales proseguirán. Los demócratas pasarán muchos apuros para retener su reducida mayoría en el Senado, y sus actuales posibilidades de reconquistar el Congreso son un tanto inciertas. Estados Unidos ya no disfruta del privilegio de manejar sus asuntos independientemente del resto del mundo. El tipo de interrogantes que constituyen la agenda del G-8 y del G-20 no puede ser respondido en inglés americano. La gobernadora Palin no es una pensadora política que destaque por su perspicacia, pero cuando acusó al presidente de pensar en un mundo “posamericano” le pagó un involuntario tributo. Es inquietante que un presidente que contempla tantas nuevas posibilidades internacionales tenga una visión restringida de la capacidad de cambio de su propio país.

Norman Birnbaum, catedrático emérito en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown: Una larga lucha por delante, EL PAÍS, 25 de abril de 2011 (traducción de Juan Ramón Azaola).

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