La violencia contra las mujeres

Violencia de genero. Forges, 2009

«Volvió llorando. Nos dijo que la habían violado tres o cuatro soldados. Estuvo llorando mucho tiempo. Nos preguntó por qué mentíamos, porque dijo que sabía que también nos había pasado a nosotras.»  Una mujer de Suva Reka, Kosovo, 1999.

«Me pusieron una esponja mojada en la nuca e hicieron que me recostara sobre un banco eléctrico. Me dieron descargas eléctricas durante varias horas […] Después me pusieron sobre otra mesa […] Y trajeron una porra. Me dijeron: “Arrodíllate” y me metieron lentamente la porra en el ano. De pronto me empujaron y me obligaron a sentarme encima de la porra. Empecé a sangrar […] uno de ellos se subió sobre mí y me violó.» Los policías turcos que presuntamente torturaron a Zeynep Avci a finales de 1996 no fueron procesados.

Cuando tenía 15 años, los padres de G la vendieron como esposa a un vecino a cambio de que éste les ayudara a pagar la hipoteca que gravaba su granja. El esposo de G la violaba y le daba palizas habitualmente, lo que le causó lesiones que requirieron hospitalización. G acudió a la policía en busca de protección, pero le dijeron que no podían hacer nada porque era un asunto personal. A los 20 años huyó con sus dos hijos, pero sus padres y su esposo la encontraron, y su madre la sujetó mientras su esposo la pegaba con un palo. Después el hombre se llevó a los niños, a quienes G no ha vuelto a ver. G huyó a Estados Unidos y pidió asilo. En el 2000, un juez de inmigración comunicó al abogado de G que iba a ordena r su devolución a El Salvador.

Una mujer de un pueblo europeo destrozado por la guerra, una joven kurda bajo custodia de la policía turca, una madre maltratada de Centroamérica que pide asilo en Estados Unidos. A primera vista, no tienen en común más que su condición de mujeres y el sufrimiento, pues ellas proceden de países diferentes y de comunidades dispares, y los hombres que las agredieron, de entornos muy distintos.

El hilo que une estos casos es que las tres mujeres han sido víctimas de la tortura. Las tres han tenido que padecer no sólo malos tratos físicos violentos, sino también el silencio o la indiferencia de las autoridades. En los tres casos, los hombres que abusaron de ellas cometieron sus crímenes con impunidad. En ninguno de los tres casos el Estado adoptó las medidas básicas necesarias para proteger a las mujeres de los malos tratos físicos y de los abusos sexuales. Por tanto, el Estado tiene parte de la responsabilidad del sufrimiento de estas mujeres, con independencia de si el torturador fue un soldado, un policía o un esposo violento.

La tortura que se inflige a la mujer tiene sus raíces en una cultura global que niega a la mujer los mismos derechos que el hombre y que legitima la apropiación violenta del cuerpo de la mujer para satisfacer deseos individuales o para alcanzar fines políticos. Las organizaciones de mujeres y otros activistas de derechos humanos de todo el mundo han luchado con valentía en los últimos decenios para prevenir y combatir los abusos y lograr más igualdad para la mujer. En muchos países han conseguido enormes avances y, en el ámbito internacional, han modificado de forma irreversible los términos en que se plantea el debate sobre los derechos humanos. Sin embargo, pese a todo lo que las mujeres del mundo han logrado para hacer valer sus derechos, la mujer sigue ganando menos que el hombre, tiene menos propiedades que el hombre y su acceso a la educación, al empleo y a la asistencia médica es también menor. La discriminación sigue prevaleciendo y negando a la mujer la plena igualdad política y económica con el hombre.

La violencia contra la mujer se alimenta de esta discriminación y sirve, a su vez, para reforzarla. Cuando se maltrata a una mujer detenida, cuando las fuerzas armadas violan a las mujeres como si fueran «botines de guerra», cuando una mujer sufre el terror de la violencia doméstica, lo que se manifiesta y se impone es una relación de poder desigual entre hombres y mujeres. Por otro lado, la violencia contra la mujer es agravada por la discriminación por razones de raza, etnia, orientación sexual, posición social, clase y edad. Esta discriminación múltiple limita aún más las opciones de la mujer, aumenta su vulnerabilidad ante la violencia y dificulta más todavía las posibilidades de obtener una reparación.

A veces los autores de estos actos de violencia son agentes del Estado como policías, guardias penitenciarios o soldados. En otras ocasiones son miembros de grupos armados que se oponen al gobierno. Sin embargo, los autores de gran parte de la violencia que sufren las mujeres en su vida cotidiana son las personas con quienes comparten su vida, ya sea por ser miembros de su familia o de su comunidad, o por ser sus empleadores. Lo que las mujeres padecen a manos de los hombres que ejercen control sobre ellas es toda una gama de violencia sin solución de continuidad.

Amnistía Internacional ha documentado innumerables casos de mujeres torturadas bajo custodia. La organización ha denunciado el uso sistemático de la violencia sexual como arma de guerra en los conflictos armados. Desde 1997, investiga asimismo abusos que cometen ciudadanos particulares. Para combatir la violencia contra la mujer Amnistía Internacional la inserta en el marco de los derechos humanos y hace hincapié en que, en virtud de las normas internacionales de derechos humanos, los Estados tienen la responsabilidad de proteger a la mujer frente a la violencia, con independencia de que los actos de violencia sean cometidos por funcionarios públicos o a instigación suya, o por ciudadanos particulares. El presente informe explora las circunstancias en las que la violencia contra la mujer, ya sea bajo custodia o en el hogar, constituye tortura. Como parte de su campaña para erradicar la tortura, Amnistía Internacional pide a los Estados que rindan cuentas de todos los actos de tortura que se cometan contra mujeres, con independencia de su contexto y del autor.  […]

K, de la Repúb lica Democrática del Congo (ex Zaire), estaba casada con un oficial del ejército que la torturaba regularmente con palizas y patadas, muchas veces en presencia de sus hijos. Su esposo la violó en varias ocasiones y le contagió enfermedades de transmisión sexual. También la amenazaba de muerte a menudo con una pistola. Durante uno de estos incidentes, le hizo saltar un diente, le dislocó la mandíbula y le propinó un puñetazo tan fuerte en el ojo que necesitó puntos de sutura y tuvo problemas continuos en la nariz, el cuello, la cabeza, la columna, la cadera y un pie. K, que finalmente pidió asilo en Estados Unidos, dijo que era inútil acudir a la policía, en parte debido a las relaciones de su esposo con la familia gobernante, y en parte porque «las mujeres no son nada en el Congo». Un juez de inmigración estadounidense calificó de «atrocidades» los abusos que había sufrido, pero denegó su solicitud de asilo, resolución que confirmó el tribunal de apelación de inmigración.

En el pasado, la violencia contra la mujer en el hogar se consideraba un asunto privado, y no una cuestión de derechos civiles y políticos. Actualmente, la comunidad internacional reconoce expresamente que la violencia contra la mujer es una cuestión de derechos humanos que implica la responsabilidad del Estado.

Según datos del Banco Mundial, al menos el 20 por ciento de las mujeres del mundo han sufrido malos tratos físicos o agresiones sexuales. Los informes oficiales de Estados Unidos dicen que cada 15 segundos hay una mujer que sufre malos t ratos, y que 700.000 mujeres son violadas al año. En la India, unos estudios han concluido que más del 40 por ciento de las mujeres casadas dicen haber sufrido patadas, bofetones o abusos sexuales por el descontento de su esposo con la comida o la limpieza, por celos, y diversos motivos más.v En Kenia, al menos 60 mujeres perdieron la vida debido a la vio lencia doméstica entre 1998 y 1999, y el 35 por cie nto de las mujeres de Egipto afirman haber sufrido palizas a manos de sus esposos.vi Para millones de mujeres, el hogar no es un refugio, sino un lugar de terror.

La violencia doméstica es una violación del derecho de la mujer a la integridad física. A veces dura años y aumenta con el tiempo. Puede causar problemas graves de salud a largo plazo, más allá de las lesiones inmediatas; las consecuencias físicas y psicológicas parecen ser acumulativas y pueden persistir incluso cuando la violencia ha cesado. La violencia en el hogar intimida, degrada y humilla, y destruye la autoestima. […]

En la India, la ley aplicable a las pruebas en los casos de violación establece que «cuando un hombre es enjuiciado por violación o intento de violación, podrá mostrar que la denunciante tenía una reputación general de inmoralidad».xi Sin embargo, podrá no tenerse en cuenta la reputación del acusado.xii Esta disposición hace casi imposible que las mujeres que ejercen la prostitución obtengan resarcimiento por una violación. Además, la ley india no exige que la policía remita a las mujeres que denuncian una violación a ser sometidas a un reconocimiento médico inmediato, por lo que a menudo se pierden pruebas médicas.

En Pakistán existen obstáculos legal es específicos para denunciar abusos sexuales. La ley relativa a la violación está formulada de tal forma que si la víctima no prueba la ausencia de consentimiento, podría ser acusada a su vez de zina (fornicación), delito castigado con la muerte por lapidación o la flagelación pública. Las organizaciones de mujeres luchan, infructuosamente por el momento, para que se modifique la ley, a fin de que las mujeres violadas puedan denunciar el delito sin correr peligro. En estas circunstancias, Amnistía Internacional considera que el gobierno es cómplice de la tortura que se inflige a las mujeres. […]

Las restricciones a la libertad de circulación, a las iniciativas y a los derechos legales de la mujer pueden obstaculizar aún más el acceso a la justicia de las víctimas de la violencia.

En Arabia Saudí, las mujeres que salen de su casa para pedir ayuda a la policía corren el riesgo de ser detenidas por estar en un lugar público sin ir acompañadas de un familiar varón, como un hermano o un tío, y por lo general son devueltas a la misma situación de la que tratan de huir. En Pakistán, las mujeres del medio rural casi no saben cómo desenvolverse en el mundo exterior, más allá de las tierras de la familia, no tienen acceso al dinero y suscitarían sospechas al instante si caminaran fuera de su pueblo o tomaran un autobús.

En algunos países, las mujeres no pueden acudir personalmente a los tribunales: sus familiares varones se ocupan de representar sus intereses. Por ejemplo, en Arabia Saudí se considera vergonzoso que una mujer comparezca ante un tribunal para reclamar sus derechos.

Extractos de la Declaración de Amnistía Internacional, 6 de marzo de 2002

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