La necesidad de un contrato social y la división de poderes, según Locke

John Locke (Wrington, Somerset, 1632-Oaks, Essex, 1704)

«En tiempos en que la violencia se sale de cauce y se convierte en patrimonio de quienes libre, naturalmente quieren ejercerla, es bueno regresar a estos conceptos fundacionales de los “pactos sociales”, porque me permiten darle sentido a la vida en sociedad como un acuerdo – tácito o implícito – que todos debemos signar. Uno tiene la impresión de que quienes ejercen una violencia naturalmente irracional observan nuestros argumentos diciendo: “a nosotros nadie nos habló de pactos… y nunca lo firmamos, porque de firmarlo hubiéramos puestos nuestras condiciones”. […]

En su consecuencia, siempre que cierto número de hombres se unen en sociedad renunciando cada uno de ellos al poder de ejecutar la ley natural, cediéndolo a la comunidad, entonces y sólo entonces se constituye una sociedad política o civil. Este hecho se produce siempre que cierto número de hombres que vivían en el estado de naturaleza se asocian para formar un pueblo, un cuerpo político, sometido a un gobierno supremo, o cuando alguien se adhiere y se incorpora a cualquier gobierno ya constituido. Por ese hecho autoriza a la sociedad o, lo que es lo mismo, a su poder legislativo, para hacer las leyes en su nombre según convenga al bien público o de la sociedad, y para ejecutarlas siempre que se requiera su propia asistencia (como si se tratase de decisiones propias suyas). Eso es lo que saca al hombre de un estado de naturaleza y lo coloca dentro de una sociedad civil, es decir, el hecho de establecer en este mundo un juez con autoridad para decidir todas las disputas, y reparar todos los daños que pueda sufrir un miembro cualquiera de la misma. Ese juez es el poder legislativo, o lo son los magistrados que él señale. Siempre que encontremos a cierto número de hombres, asociados entre, pero sin disponer de ese poder decisivo a quien apelar, podemos decir que siguen en estado de naturaleza.

Y para impedir que tos hombres atropellen los derechos de los demás, que se dañen recíprocamente, y para que sea observada la ley de la Naturaleza, que busca la paz y la conservación de todo el género humano, ha sido puesta en manos de todos los hombres, dentro de ese estado, la ejecución de la ley natural; por eso tiene cualquiera el derecho de castigar a los transgresores de esa ley con un castigo que impida su violación. Sería vana la ley natural, como todas las leyes que se relacionan con los hombres en este mundo, si en el estado natural no hubiese nadie con poder para hacerla ejecutar, defendiendo de ese modo a los inocentes y poniendo un obstáculo a los culpables, y si un hombre puede, en el estado de Naturaleza, castigar a otro por cualquier daño que haya hecho, todos los hombres tendrán este mismo derecho, por ser aquel un estado de igualdad perfecta, en el que ninguno tiene superioridad o jurisdicción sobre otro, y todos deben tener derecho a hacer lo que uno cualquiera puede hacer para imponer el cumplimiento de dicha ley. […]

Ahora bien, el poder legislativo supremo, lo mismo cuando es ejercido por una persona que cuando lo es por muchas, lo mismo si es ejercitado de una manera ininterrumpida que si lo es únicamente a intervalos, permanece, a pesar de que sea el supremo poder de cualquier Estado, sometido a las restricciones siguientes: En primer lugar no es ni puede ser un poder absolutamente arbitrario sobre las vidas y los bienes de las personas […] No dejan de tener fuerza, al entrar en sociedad, las obligaciones que dimanan de las leyes naturales […] De este modo, la ley natural subsiste como norma eterna de todos los hombres, sin exceptuar a los legisladores. Las reglas que éstos dictan y por las que han de regirse los actos de los demás tienen, lo mismo que sus propios actos y los de las otras personas, que conformarse a la ley natural, es decir, a la voluntad de Dios, de la que esa ley es manifestación. […]

En segundo lugar, la autoridad suprema o poder legislativo no puede atribuirse la facultad de gobernar mediante decretos arbitrarios o circunstanciales, sino que está obligada a dispensar la justicia y a señalar los derechos de los súbditos mediante leyes fijas y promulgadas, aplicadas por jueces conocidos.

En tercer lugar, el poder supremo no puede arrebatar ninguna parte de sus propiedades a ningún hombre sin su propio consentimiento. El poder legislativo no puede transferir a otras manos el poder de hacer las leyes, ya que este poder lo tiene únicamente por delegación del pueblo.

El pueblo es el único que puede determinar la forma de gobierno de la comunidad política, y eso lo hace al instituir el poder legislativo, y señalar en qué manos debe estar.»

Locke, J.: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, 1690.

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